La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha dado a conocer una lista de deudores alimentarios, una medida que ha sido aclamada por algunos como un avance en la lucha por los derechos de las madres y las infancias. Esta acción se sustenta en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impide que quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias puedan acceder a ciertos privilegios, como cargos de representación popular o la obtención de pasaportes.
Diana Luz Vázquez, comunicóloga y activista feminista, considera que este primer paso es positivo, pero señala que aún existen políticas públicas que deben implementarse para asegurar los derechos de quienes tienen a su cargo la manutención de los menores. Ella también enfatiza el contexto de violencia que a menudo rodea a los deudores alimentarios, subrayando que detrás de cada caso hay un entramado de agresiones que afecta principalmente a mujeres.
La Ciudad de México se alinea así con otros estados como Coahuila y Oaxaca, que han adoptado la reforma conocida como Ley Sabina, que busca establecer un registro nacional de obligaciones alimentarias. Vázquez, quien ha trabajado en la promoción de esta ley, resalta la importancia de seguir empujando para que más entidades federativas se sumen a esta causa y normalicen la implementación de estas medidas de justicia en favor de las familias afectadas por la falta de pago de pensiones alimentarias.