En un reciente comunicado desde la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, defendieron el traslado de 26 criminales a Estados Unidos, argumentando que estos individuos continuaban operando desde las cárceles mexicanas, dirigiendo actividades delictivas como secuestros y extorsiones. García Harfuch destacó que su permanencia en el sistema penitenciario mexicano representaba un riesgo para la seguridad pública, ya que aún podían influir en redes criminales y amenazar a funcionarios.
Durante la conferencia de prensa, el secretario no aclaró si las actividades delictivas estaban relacionadas con la colusión de las autoridades penitenciarias, ni si había investigaciones al respecto. Mencionó que algunos de estos criminales habían logrado amparos que les permitían ser trasladados a cárceles de baja seguridad, lo que podría incrementar el riesgo de que continuaran con sus operaciones o incluso que se fugasen.
García Harfuch mencionó que, entre los criminales enviados a Estados Unidos, algunos, como Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, habían pospuesto sus procesos de extradición múltiples veces. Con el potencial inicio de un nuevo sistema judicial en México, el funcionario enfatizó que había litigios en curso que buscaban la liberación anticipada de estos individuos, lo que consideró un retroceso en la lucha contra el crimen.
Finalmente, afirmó que el traslado de estos 26 delincuentes era una medida soberana orientada a fortalecer la seguridad en el país y parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, respaldada por la Ley de Seguridad Nacional y coordinada con el gobierno de Estados Unidos.