La reciente confrontación entre Jorge Romero, dirigente del PAN, y Luisa María Alcalde, líder de Morena, en redes sociales muestra la tensión política en torno a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Alcalde criticó al PAN por su postura en contra de la reforma y destacó que, a pesar de las acusaciones, la nueva legislación insiste en la necesidad de contar con orden judicial para las intervenciones telefónicas, especialmente en el contexto de geolocalización de dispositivos móviles.
Romero, por su parte, fue señalado en la discusión por supuestamente no ser coherente con sus palabras y se le instó a leer y entender la reforma aprobada. La dirigente de Morena enfatizó que la Ley requiere condiciones claras para las intervenciones, subrayando un enfoque que intenta balancear el respeto a los derechos ciudadanos con la necesidad de seguridad.
Esta controversia refleja las divisiones entre los partidos en México sobre cuestiones de política comunicacional y de derechos, además de generar un debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de la tecnología para la vigilancia. La situación es un claro ejemplo de cómo las reformas legislativas pueden ser un terreno fértil para la disputa política y la retórica pública.