La reubicación de la magistrada María Emilia Molina por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación ha generado atención debido a su postura crítica hacia la reforma judicial y su cercanía a la ministra en retiro, Norma Lucía Piña. Este cambio, que la trasladará de un Tribunal Colegiado en Ciudad de México a uno en Guerrero, se lleva a cabo en un contexto de tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, especialmente tras las reformas que han sido objeto de controversia.
La decisión, que se hizo efectiva el 18 de noviembre, se toma como parte de las facultades del OAJ y refleja las tensiones internas dentro del PJF, sobre todo en el marco de las críticas hacia la elección de jueces por voto popular y las medidas del gobierno federal. Molina ha sido activa en movimientos en defensa del Poder Judicial, participando en conferencias que buscaban contrarrestar las críticas del Ejecutivo.
Hasta ahora, no ha habido comentarios públicos de la magistrada respecto a su reubicación, lo que podría indicar una estrategia de reacción a la situación o la necesidad de reflexionar sobre su nuevo nombramiento en el contexto judicial. La medida levanta preguntas sobre la independencia judicial y el impacto de las decisiones administrativas en el funcionamiento del Poder Judicial.