La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) ha logrado reabrir sus operaciones gracias a una orden judicial, después de haber estado cerrada durante tres meses en un conflicto con el Gobierno de Nuevo León. La empresa anunció también que presentará una denuncia penal por presunta extorsión contra funcionarios estatales, alegando que las clausuras de sus instalaciones fueron injustificadas.
Matrimar afirma que su reactivación se llevó a cabo sin la intermediación de políticos y destacó que su lucha tiene implicaciones más allá de lo comercial, ya que busca proteger el empleo de sus 500 trabajadores y evitar la migración de familias en las comunidades donde operan. La empresa desmintió acusaciones de irregularidades fiscales y ambientales y considera que estos señalamientos son intentos de desviar la atención del conflicto real.
Por su parte, el Gobierno de Nuevo León ha negado las acusaciones de extorsión, argumentando que sus acciones son parte del cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales. El gobernador Samuel García ha criticado las resoluciones judiciales a favor de Matrimar, manifestando que no considera válidos los amparos obtenidos por la empresa, ya que el asunto sigue en litigio debido a los presuntos adeudos.