El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una importante iniciativa en la Ciudad de México que busca reformar el artículo 19 de la Constitución para incluir el delito de "corrupción inmobiliaria" entre aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa. Esta propuesta aborda un fenómeno que ha impactado negativamente en el desarrollo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.
Según Mejía, la corrupción inmobiliaria se da cuando hay colusión entre funcionarios públicos y desarrolladores que facilitan la adjudicación de cambios en el uso de suelo, la compraventa ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos adecuados y la comercialización de inmuebles que no cumplen con las normativas vigentes. Esta situación no solo genera un impacto económico significativo, sino que también contribuye a problemáticas sociales como la gentrificación, el desplazamiento de comunidades, el encarecimiento de la vivienda y el aumento de la desigualdad social.
Como parte de su propuesta, Mejía establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días tras la aprobación del decreto para actualizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, integrando el nuevo delito. Además, se menciona que aquellos servidores públicos y particulares que hayan incurrido en estas conductas en el último período de 180 días estarán sujetos a investigación.
La iniciativa también contempla que el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República deben establecer, en un plazo de 180 días, lineamientos para capacitar a los actores involucrados en la construcción y la justicia sobre la corrupción inmobiliaria.
La propuesta ha sido ya trasladada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y deliberación. Sin duda, este esfuerzo podría representar un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el sector inmobiliario, buscando proteger así los derechos de la ciudadanía y promover un desarrollo urbano más sostenible y equitativo.