La migración irregular desde Nicaragua hacia Estados Unidos representa un reto significativo no solo en términos de los riesgos físicos durante el trayecto, como el cruce del río Bravo y la travesía por el desierto, sino también por la vulnerabilidad a la que se enfrentan los migrantes ante redes criminales y la falta de atención por parte de sus gobiernos.
La situación se torna aún más crítica para los niños y adolescentes, quienes requieren una protección especial y enfrentan riesgos exacerbados. Esto se evidencia en el trágico caso de Sofía Abigail Huete Caballero, una niña nicaragüense que desapareció en mayo de 2022 mientras intentaba cruzar el río Bravo con su madre. Este caso ha resaltado el déficit en la atención y protección de los derechos de los migrantes, especialmente de los más jóvenes.
La abogada y defensora de derechos humanos, cuya identidad ha sido protegida por razones de seguridad, destaca que la crisis migratoria refleja una alarmante falta de instrumentos efectivos para asegurar tales derechos. Ella señala que el enfoque del gobierno nicaragüense ha ido cambiando con el tiempo, priorizando políticas de seguridad interna por encima de la protección de sus ciudadanos en el extranjero, lo que ha conducido a un aumento de la vulnerabilidad entre los migrantes.
La falta de acción adecuada por parte de las autoridades, tanto en Nicaragua como en los países de tránsito, evidencia una serie de omisiones que agravan la situación de las infancias migrantes, dejando a muchas en situaciones extremas de desamparo y riesgo. La crisis migratoria no solo es una cuestión de política pública, sino un desafío humanitario que necesita ser abordado con urgencia y empatía.