El 19 de enero, la ministra María Estela Ríos González presentará un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar la reforma al artículo que regula los desalojos en la Ciudad de México. Esta reforma ha generado preocupación, ya que elimina la obligación de reubicar a personas vulnerables que sean desalojadas, lo que podría llevar a que terminen en situación de calle.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Frente por la Vivienda Joven, han manifestado su preocupación y solicitan que se aplace la discusión del proyecto para llevar a cabo audiencias públicas. Estas audiencias permitirían que las voces de quienes podrían verse afectados sean escuchadas antes de tomar una decisión.
El artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX anteriormente contenía disposiciones que aseguraban notificaciones previas, la prohibición del uso de la fuerza durante los desalojos y la obligación de ofrecer opciones de reubicación a las personas en situación vulnerable. Sin embargo, en 2019, el Congreso de la Ciudad de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, reformó el artículo, eliminando estas obligaciones.
El Frente destacó que, anualmente, se llevan a cabo numerosos desalojos arbitrarios en la ciudad, que violan derechos humanos y no garantizan juicios ni avisos previos a las personas afectadas. También mencionaron que la especulación inmobiliaria ha contribuido al aumento de desalojos, ya que se busca reemplazar viviendas con grandes desarrollos comerciales y turísticos.
En 2019, colectivos y movimientos por la vivienda habían propuesto una redacción que cumplía con estándares internacionales sobre los derechos de las personas desalojadas, pero su propuesta fue finalmente revolucionada y sustituida por el texto actual, en menos de cuatro meses, debido a presiones del sector inmobiliario.