La reciente propuesta de la fracción de Morena en el Congreso de Puebla, encabezada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, de introducir el derecho a la "objeción de conciencia" para el personal de salud en relación a la práctica de abortos, ha generado controversia. Esta iniciativa busca permitir que médicos y enfermeras se nieguen a realizar abortos basándose en sus convicciones personales. Sin embargo, es importante recordar que esta figura fue previamente invalida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021, que la consideró inconstitucional al afirmar que no puede actuar como un obstáculo para la interrupción legal del embarazo.
En Puebla, el aborto fue despenalizado en julio de 2024, lo que representa un avance significativo en los derechos reproductivos de las mujeres. No obstante, a pesar de este avance, grupos feministas han señalado que aún falta avanzar en la reforma de la Ley Estatal de Salud para garantizar el acceso gratuito al servicio de aborto. En este contexto, varias organizaciones, como CAFIS, Odesyr y GIRE, han logrado avances judiciales que obligan al gobierno a permitir abortos gratuitos en ciertos hospitales, aunque con la condición de que cuenten con el acompañamiento de estas organizaciones.
A pesar de la despenalización, las colectivas feministas han denunciado que las mujeres que buscan abortar en hospitales públicos enfrentan barreras significativas, incluyendo la falta de medicamentos y la posible hostilidad de parte del personal médico, lo que dificulta el acceso a estos servicios de salud que deben ser garantizados. La situación sugiere que, aunque se han logrado ciertos avances legales, la implementación efectiva de estos derechos sigue siendo un desafío en la práctica.