La reciente aprobación por parte de los diputados de Morena y sus aliados de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas ha generado un debate significativo en el ámbito energético de México. Esta reforma modifica el artículo 27 de la Constitución, suprimendo un párrafo clave que establecía que el Estado era responsable de la transición energética y debía utilizar sosteniblemente todas las fuentes de energía disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, argumentó que la supresión de este párrafo es crucial para permitir la participación del sector privado en la transición energética. Según él, mantener el párrafo implicaría que el Estado sería el único responsable de esta transición, lo que bloquearía cualquier inversión privada en el sector. Monreal defendió la necesidad de abrir espacios para la inversión privada en el contexto de la política energética del país.
Asimismo, la reforma también afecta al artículo 28 de la Constitución, eliminando una frase que establece que el Estado controla la planeación y el sistema eléctrico nacional. Esto plantea interrogantes sobre cómo se gestionará el sistema eléctrico en el futuro y cuál será el papel del Estado frente a la inversión privada.
La aprobación de esta reforma, en medio de 260 reservas presentadas, refleja una clara estrategia por parte del partido oficialista para consolidar el control del Estado sobre áreas estratégicas, un tema que ha sido objeto de controversia y discusión en los últimos años en México.