El gobierno de México continúa insistiendo en solicitar a Estados Unidos la entrega de bienes confiscados a Ismael “El Mayo” Zambada, a pesar de las acusaciones de secuestro contra él. La administración mexicana argumenta que los delitos se cometieron en territorio mexicano y, por lo tanto, cualquier confiscación de activos por parte de Estados Unidos debería ser compartida con México. Este tema ha cobrado relevancia debido a que el juez Brian Cogan ha elevado una solicitud de confiscación de bienes por un monto estimado en 15 mil millones de dólares, que representa el daño causado por Zambada durante su carrera delictiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que cualquier cantidad que obtenga Estados Unidos como resultado de los crímenes de Zambada no necesariamente se compartirá equitativamente, dado que él no fue extraditado y que el Tratado Bilateral de Extradición establece que la división de bienes confiscados solo aplica si el sujeto ha sido extraditado. Además, ha pedido a la Fiscalía General de la República que informe sobre la magnitud del daño y las circunstancias alrededor de la captura de Zambada, que está ligada a una supuesta emboscada por parte de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Asimismo, hay incertidumbres sobre los delitos de Zambada cometidos dentro de México, y la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, está bajo un escrutinio riguroso, ya que investigaciones indican que pudo haber salido del país el día en que Zambada fue trasladado a Estados Unidos. Rocha enfrenta también una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por su presunta colusión con el crimen organizado.