La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Piña Hernández, propuso un incremento presupuestal del 2.3% para el año 2025, buscando aumentar el presupuesto del tribunal de 5,787 millones a 5,922 millones de pesos. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por el Pleno de la Corte. Ante esto, la ministra se comprometió a presentar un nuevo planteamiento en la próxima sesión privada.
Durante la discusión, se levantaron preocupaciones sobre la falta de consideración de gastos necesarios para implementar la reforma judicial, como la eliminación de fideicomisos y la reducción de salarios de los altos mandos de la Corte, que no deberían superar los ingresos de la presidenta de la República. También se criticó el plan que incluía un ajuste salarial de acuerdo con el índice inflacionario.
Además, se cuestionaron significativos gastos específicos, como 132 millones de pesos destinados a un seguro de gastos médicos mayores y 204 millones a un seguro de separación individualizada. Estos seguros están prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana, lo que generó más preocupación sobre la viabilidad y legalidad del proyecto presupuestal presentado.