El estado de Oaxaca está siendo testigo de la aparición de un nuevo “cártel del despojo”, según denuncias de comunidades indígenas, campesinas y defensores del territorio. Este cártel, compuesto por intereses inmobiliarios y empresariales, opera presuntamente con la complicidad de diversas autoridades a diferentes niveles, buscando apropiarse de playas y áreas de alto valor ecológico y turístico.
Los grupos afectados han señalado específicamente al gobernador Salomón Jara Cruz, acusándolo de omisión o complicidad en la entrega de tierras, lo cual podría abrir la puerta al crimen organizado y poner en riesgo el control sobre inversiones y desarrollos turísticos en la región.
Entre los casos mencionados se encuentran la comunidad indígena chatina de Santiago Cuixtla, que ha denunciado la operación de una red de despojo en Playa Palmarito y la Laguna de Manialtepec. Otros incidentes reportados incluyen la pérdida de más de 300 hectáreas en la comunidad de Tilzapote debido a un mandato judicial, y la ocupación de Playa Salchi por particulares, apoyados por la Policía Estatal, en perjuicio de un defensor del territorio.
Además, se han identificado otras playas en riesgo de ser afectadas por proyectos de desarrollo, lo que ha generado una creciente preocupación entre las comunidades locales sobre la preservación de su territorio y recursos naturales.