El estado de Nuevo México ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia de EE.UU. y su secretario interino, Todd Blanche, argumentando que el gobierno federal ha obstaculizado su capacidad para investigar los delitos sexuales relacionados con Jeffrey Epstein en una finca del estado. La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, D.C., sostiene que hubo interferencias en la investigación del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que han perjudicado a las víctimas y socavado el interés público.
Nuevo México busca que se obligue al gobierno federal a entregar información relevante sobre Epstein, ya que, según la demanda, ha enfrentado una resistencia inusual para obtener el intercambio de información que anteriormente facilitaba la colaboración entre las autoridades estatales y federales. El Departamento de Justicia, por su parte, argumenta que no puede divulgar información que identifique a las víctimas debido a órdenes de tribunales federales, y que proteger la privacidad de estas es una prioridad.
Torrez ha mencionado que su oficina ha realizado múltiples solicitudes de información que han sido ignoradas o rechazadas, y ha criticado el enfoque del Departamento de Justicia al considerar que están obstruyendo la investigación. Epstein, que se suicidó en 2019 mientras estaba encarcelado, había abusado sexualmente de mujeres en su propiedad en Nuevo México, adquirida en 1993. La finca ha cambiado de dueño recientemente y el nuevo propietario planea convertirla en un retiro cristiano.
El contexto de la demanda incluye un esfuerzo más amplio por parte del Departamento de Justicia para comenzar la divulgación de documentos relacionados con Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, aunque ha habido críticas sobre la calidad y cantidad de la información liberada.