El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presenta un contexto complicado en relación con la investigación de delitos potencialmente asociados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. A pesar de las denuncias hechas por el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, que apuntan a vínculos del gobernador con estructuras criminales, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha tomado medidas significativas, como citar a Zambada a declarar ni interrogar a funcionarios de la Fiscalía estatal sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cué.
La FGR ha estado revisando diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos electorales y otros cargos que involucran al cártel de Sinaloa, lo que indica una posible conexión entre el crimen organizado y la política local. Sin embargo, la falta de acción concreta, como citaciones y arrestos, ha generado cuestionamientos sobre la efectividad y la voluntad de la FGR para avanzar en estos casos.
Asimismo, la problemática se complica por la ausencia de pruebas contundentes que respalden las solicitudes de detención o extradición relacionadas con Rocha Moya, evidenciando un entorno de incertidumbre legal y política en Sinaloa y a nivel federal. La situación sigue evolucionando y podría tener repercusiones importantes en el ámbito político y judicial del país.