Organizaciones de la sociedad civil han expresado su desacuerdo con el proyecto de sentencia presentado por la ministra Yasmín Esquivel ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a sus implicaciones negativas para los derechos humanos y el acceso a la justicia ambiental. En un comunicado conjunto, varias ONG señalaron que la propuesta de Esquivel limitaría la capacidad de las asociaciones civiles y organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente para interponer juicios de amparo en casos de violaciones al derecho a un medio ambiente sano.
Las organizaciones argumentan que el proyecto desconoce el interés legítimo de estas entidades para actuar en defensa de derechos ambientales, lo que contraviene la jurisprudencia existente de la SCJN que reconoce la legitimación de organizaciones en diversas áreas, incluyendo derechos humanos y protección ambiental. Este enfoque, aseguran, cierra la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos.
En su comunicado, también recordaron que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho constitucional y que las organizaciones involucradas tienen un vínculo especial con la necesidad de proteger la naturaleza. Además, advirtieron que limitar la legitimación de estas organizaciones va en contra de compromisos internacionales asumidos por México en el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a justicia en cuestiones ambientales y eliminar barreras para la defensa de este derecho.
Las organizaciones concluyeron que tal restricción contradice el espíritu del acuerdo y podría poner en riesgo el principio de no regresión en materia ambiental.