Organizaciones de defensa del medio ambiente han solicitado la intervención del Poder Judicial de la Federación en México, dirigiéndose específicamente contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Esta solicitud se realiza a raíz de la falta de respuesta por parte de estas autoridades ante los posibles impactos ambientales de varios megaproyectos de Gas Fósil Licuado (GFL) en el Golfo de California, una región de gran riqueza ecológica y clasificada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
Recientemente, nueve relatores de la ONU lanzaron una alerta sobre estos proyectos, que podrían afectar a once millones de personas y 12 Áreas Naturales Protegidas, así como a 33 sitios Ramsar, destacados por su valor ambiental. Las organizaciones involucradas, como el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN), han presentado amparos indirectos señalando omisiones en la protección del derecho a un ambiente sano.
Los peticionarios demandan una Evaluación Ambiental Estratégica del Golfo de California, la implementación de una moratoria a nuevos proyectos de gas fósil en la zona, y la revocación de autorizaciones ambientales a proyectos que representen una amenaza para la biodiversidad y las comunidades costeras. Estos proyectos incluyen el Gasoducto Sierra Mare, la Terminal GNL de Sonora, el Gasoducto Corredor Norte, y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG, que se consideran riesgosos tanto a nivel local como transfronterizo para el ecosistema marino.