La controversia mencionada en la carta enviada a António Guterres refleja un profundo desacuerdo dentro del movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos sobre la forma en que se debe abordar la violencia contra las mujeres, la trata, y otros temas relacionados. Este desacuerdo se agudiza por la inclusión de una perspectiva centrada en la identidad de género en lugar de una centrada en el sexo como categoría jurídica.
Reem Alsalem, como experta independiente, tiene el mandato de investigar y documentar casos de violencia y discriminación contra las mujeres, y su trabajo en América Latina buscaba visibilizar estas problemáticas. Sin embargo, el informe elaborado por la oficina de ONU Mujeres en Brasil ha sido criticado por caracterizar sus actividades como "visitas no oficiales" y por vincularlas erróneamente con un movimiento "antigénero". Este tipo de acción es considerada particularmente grave por las firmantes de la carta porque implica que una agencia de la ONU, cuya misión es promover los derechos de las mujeres, podría estar desacreditando a una experta cuyo trabajo es crucial para la visibilidad y acción en torno a estos temas.
Además, el contenido de la carta destaca preocupaciones sobre el posible desplazamiento de la categoría de sexo por la de identidad de género en la legislación y políticas relacionadas con los derechos de las mujeres, lo que, según las firmantes, podría dificultar la identificación de cómo afecta a las mujeres la violencia y la discriminación. Ellas argumentan que esto podría debilitar los instrumentos internacionales, como la Convención CEDAW, que está claramente enfocada en la protección de las mujeres basándose en el sexo.
Por otra parte, la carta expone el temor de que la narrativa dominante presente a quienes critican ciertas prácticas, como la prostitución o la gestación subrogada, como extremistas, lo que podría ahogar el debate crítico en torno a estos temas y dejar sin voz a las mujeres afectadas por estas formas de explotación.
La situación que se describe refleja no solo tensiones dentro del feminismo, sino también un debate más amplio sobre cómo deben definirse y abordarse los derechos de las mujeres en el contexto contemporáneo, en un momento en el que las discusiones sobre género y sexualidad están más en el centro de la atención pública y política que nunca.