La decisión de la jueza Katia Orozco Alfaro en Michoacán representa un importante precedente en la defensa de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas en el contexto de la reciente reforma al Código Penal que tipifica la apología del delito. Esta reforma, promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y aprobada por el Congreso del Estado, ha suscitado críticas desde su inicio debido a su ambigüedad y potencial para ser utilizada como herramienta de censura.
Los juicios de amparo interpuestos por los periodistas Beatriz Rojas Ávila y Raúl López Téllez han puesto de relieve cómo la falta de claridad en la redacción de la ley puede facilitar interpretaciones subjetivas que amenazan la libertad de expresión. La jueza argumentó que la incapacidad del Estado para enfrentar la inseguridad no debería traducirse en restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información.
A pesar de que se logró la incorporación de una excepción para proteger a los periodistas en el ejercicio de su labor, los activistas del colectivo #NiUnoMás continuaron advirtiendo que la redacción seguía siendo problemática y podría afectar los derechos de todos los ciudadanos en el estado. La decisión de Orozco Alfaro refuerza la idea de que los tipos penales deben ser claros y precisos para evitar abusos de poder y garantizar la protección de la libertad de expresión.
Esta resolución puede ser vista como una victoria para los defensores de los derechos humanos y la prensa en Michoacán, mostrando que el sistema judicial puede anteponerse a legislaciones que consideren restrictivas y potencialmente lesivas de la democracia y los derechos fundamentales.