La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de solicitar la renuncia del personal de seguridad ha generado preocupación debido a la inclusión de un candado legal que limita las opciones de los trabajadores. Según el informe, esta carta de renuncia no solo es irrevocable y efectiva a partir del 15 de septiembre, sino que también impide que los trabajadores demanden por despido injustificado en el futuro.
Este cambio se enmarca en una reestructuración de la seguridad dentro de la Corte, donde se prevé la sustitución del personal actual por elementos de la Ayudantía de la Presidencia de la República. Creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar al Estado Mayor Presidencial, esta decisión parece ser parte de un esfuerzo mayor por parte del gobierno de reorganizar y centralizar los servicios de seguridad.
Los trabajadores afectados, que suman más de 40, han tenido que llenar un formato de renuncia que les exige renunciar a sus derechos a indemnización y a servicios médicos. Esto ha suscitado cuestionamientos sobre la legalidad y ética de dicha medida, ya que muchos de estos empleados se encuentran en una situación vulnerable, al ser despedidos de una manera que limita su capacidad de buscar justicia por sus derechos laborales.