La situación en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) es crítica. A pesar de que el presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, y el gobierno capitalino afirman no contar con recursos para insumos y aumentos salariales, se identifican gastos significativos en alquileres de edificios y en la adquisición de bienes muebles, como computadoras e impresoras. En total, se han destinado más de 340 millones de pesos para estos conceptos.
Los trabajadores del PJCDMX han expresado su descontento a través de un paro de 41 días, donde demandaron materiales necesarios para el desempeño de su trabajo, así como un incremento salarial y el pago de prestaciones adeudadas desde 2020. La situación generó una parálisis en miles de casos judiciales en diversas áreas.
Como respuesta a las protestas, las autoridades del PJCDMX se comprometieron a distribuir 29 millones de pesos entre los trabajadores de los niveles de salarios afectados y a otorgar un bono extraordinario, aunque este último monto no fue especificado. Estos pagos se harán efectivo en diciembre, y se planteó realizar un análisis presupuestacional para considerar futuros aumentos de salario.
La auditoría más reciente muestra que el PJCDMX continúa operando con ingresos que podrían ser redistribuidos. Sin embargo, persiste la argumentación por la falta de recursos para satisfacer las demandas de los trabajadores, lo que pone en evidencia una disonancia entre las prioridades de gasto y las necesidades operativas de la institución.