La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha determinado que, en este momento, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no puede involucrarse ni tomar decisiones respecto al caso de Atenco, a pesar de la condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La Corte explicó que no hay obligaciones pendientes para el PJF según la sentencia de la CorteIDH emitida en noviembre de 2018, la cual exigía investigar los actos de tortura y violencia sexual en contra de 11 mujeres durante las protestas en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
La SCJN destacó que el eventual proceso judicial y las sanciones a los responsables de estos actos dependen de la culminación de la investigación preliminar. En este sentido, la obligación de juzgar está atada a los resultados de dichas investigaciones, por lo que, en la actualidad, no es viable que el PJF actúe de manera inmediata.
La CorteIDH había indicado que México debía establecer en un plazo razonable las responsabilidades de los funcionarios implicados en los actos de violencia y revictimización, así como sancionarlos de acuerdo con la legislación aplicable. Sin embargo, la sentencia sigue sin cumplirse, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que estaba bajo la administración de Enrique Peña Nieto al momento de los hechos, remitió el caso a la Fiscalía General de la República hace más de un año, sin que se haya reportado avance alguno.
Asimismo, no se ha implementado el observatorio que debía supervisar el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, y las acciones del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, que emitió sus directrices en marzo de 2023, aún son inciertas, dado que no ha llevado a cabo ninguna sesión.