El enfrentamiento entre grupos de policías comunitarios en Guerrero ha dejado consecuencias trágicas y ha puesto de relieve la compleja situación de violencia en la región. Dos grupos de la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) chocaron en Ayahualtempa, resultando en la muerte de tres policías comunitarios, siete heridos graves y 14 detenidos. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) afirmó que su grupo tomó el control del pueblo con el apoyo de las autoridades estatales y federales después del altercado.
Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han solicitado justicia por las víctimas del conflicto y han señalado la complicidad de los gobiernos locales y estatal, acusando a la gobernadora Evelyn Salgado de tener vínculos con líderes criminales.
El enfrentamiento se originó cuando el CIPOG-EZ y policías de la CRAC-PF, apoyados por un grupo cercano al comisario municipal, intentaron detener a un comandante, lo que fue rechazado por la policía comunitaria del pueblo. Esta región ha estado lidiando con la violencia por parte de grupos delictivos desde hace años, y casos anteriores han incluido la formación de niños y adolescentes en la policía comunitaria para enfrentar el acoso criminal.
Desde su inclusión en el sistema de seguridad de la CRAC-PF en 2014, las comunidades han enfrentado problemas de cooptación por parte del gobierno y la infiltración de la delincuencia, lo que ha aumentado la tensión y los conflictos internos. El reciente enfrentamiento es un reflejo de estas tensiones no resueltas en la región.