La manifestación del 8 de marzo en Mérida, Yucatán, se convirtió en un punto de conflicto cuando las mujeres que participaban intentaron derribar las vallas que protegían el Palacio de Gobierno. Con más de 8 mil asistentes, las mujeres marcharon para exigir seguridad y justicia, alzando sus voces contra la violencia y la inacción de las autoridades. La intervención de la policía estatal, que incluyó el uso de gas pimienta y chorros de agua para dispersar a las manifestantes, fue calificada como desproporcionada y generó una respuesta enérgica por parte de las mujeres, quienes continuaron sus consignas y intentos de hacer caer las barreras. Este enfrentamiento destaca la tensión entre las demandas de las manifestantes y la respuesta institucional, además de la falta de pronunciamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en el contexto de estos enfrentamientos.