El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha sido crítico en términos de desapariciones en México, alcanzando cifras alarmantes. Con un promedio de 40 desapariciones diarias, que equivale a 1.6 cada hora, el total de personas desaparecidas hasta el 1 de octubre asciende a 14,765. Esta cifra representa un aumento del 16% en comparación con el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que registró 12,695 desapariciones.
La situación ha captado la atención de organismos internacionales como la ONU, que ha señalado que las desapariciones forzadas en México ocurren de manera generalizada y sistemática. A pesar de la creciente preocupación, el gobierno federal ha mostrado una falta de liderazgo en el abordaje público del problema, eludiendo discusiones y negándose a reunirse con colectivos de madres buscadoras, a excepción de un encuentro puntual con el Comité ¡Eureka! y reuniones sin resultados concretos en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Un caso destacado es el del rancho Izaguirre en Jalisco, que ha revelado métodos de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, utilizando incluso plataformas digitales y videojuegos para atraer a jóvenes bajo falsas promesas de empleo.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha activado el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, lo que permite llevar la situación de México a la Asamblea General de la ONU, donde podrían considerarse las desapariciones forzadas como un crimen de lesa humanidad. Aunque el gobierno mexicano envió un informe al CED el 18 de septiembre sobre sus esfuerzos ante esta crisis, ha solicitado que esta información sea tratada de manera confidencial, lo que ha generado más inquietudes.
El CED ha indicado que la desaparición forzada puede incluir a aquellos que actúan con la aprobación del Estado o en su complicidad, subrayando la responsabilidad que podría recaer en las autoridades oficiales por el papel de grupos delictivos en estas desapariciones. Esto plantea un desafío significativo para el gobierno, que enfrentará un escrutinio internacional en torno a sus políticas de justicia y derechos humanos.