La comunidad de Xoco en la Ciudad de México se enfrenta a la continuación de tres grandes proyectos inmobiliarios, a pesar de haber obtenido suspensiones provisionales por parte de la autoridad judicial. Los proyectos Archandel Del Valle, Be Grand Del Valle y Square Coyoacán, que en total equivalen a más de 316 mil metros cuadrados de nueva construcción, han suscitado preocupaciones entre los pobladores. Estos proyectos prometen amenidades de lujo y un alto número de departamentos, pero los residentes temen un impacto negativo en sus comunidades, incluyendo un aumento del impuesto predial, una distribución desigual del agua y problemas de movilidad debido a la creación de más de tres mil espacios de estacionamiento.
La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, dirigida por Enrique Irazoque, aún no ha dado cumplimiento a los amparos judiciales a pesar de que el Tribunal Colegiado ha emitido las suspensiones. Los habitantes de Xoco han manifestado preocupación por una supuesta cooptación del sector inmobiliario sobre las autoridades locales. Además, se ha denunciado que uno de los proyectos, Square Coyoacán, carece de la manifestación de construcción necesaria para iniciar obras, lo que plantea dudas sobre la legalidad y la regulación de estos desarrollos.
Irazoque, en una reunión con representantes de Xoco, argumentó que no tiene la autoridad para detener las obras y que la decisión recae en la autoridad judicial. Sin embargo, se comprometió a revisar las medidas de mitigación de los proyectos y a proponer una moratoria para futuras construcciones en la zona.
Por otro lado, el abogado Arturo Aparicio criticó las consultas vecinales relacionadas con grandes proyectos, indicando que solo se consultan medidas de mitigación, lo que limita la capacidad de los ciudadanos para elegir o rechazar proyectos que puedan afectar su comunidad. Este mecanismo ha sido considerado un engaño, ya que los resultados de las consultas no son vinculantes.
Xoco, afectado por el desarrollo urbano, enfrenta una lucha por su existencia y la preservación de sus condiciones de vida ante la presión de nuevos desarrollos. La situación refleja un conflicto entre los intereses de la comunidad local y los intereses del sector inmobiliario en la capital mexicana.