El caso de Jorge Lobato destaca preocupaciones serias sobre el sistema de justicia en Puebla, donde su defensa argumenta que no se le ha otorgado un juicio justo tras más de dos años de espera. Lobato, acusado de agresión sexual, permanece en prisión preventiva, a pesar de que el plazo legal para una sentencia ha expirado y se han presentado pruebas en su defensa que, según su abogado, no lo vinculan con el crimen.
El abogado David Arellano menciona que la defensa ha intentado que se tome en serio su situación y ha denunciado que el caso resalta problemas como el tráfico de influencias y contradicciones dentro de la investigación, que se inició en junio de 2022. La acusación se refiere a un incidente que ocurrió en abril de 2021, durante una fiesta en la casa de Lobato, donde se alega que la víctima fue agredida. Sin embargo, Arellano argumenta que la víctima no buscó ayuda en el momento y que presentó su denuncia más de un año después de los hechos. Además, menciona que existen evidencias de que la víctima tuvo interacciones posteriores con Lobato y otros acusados, lo cual pone en duda la versión de los hechos.
Este caso pone de relieve las complicaciones y deficiencias del sistema judicial en Puebla y plantea preguntas sobre la administración de justicia y la protección de los derechos humanos, especialmente en casos tan delicados como el de agresiones sexuales. La defensa de Lobato insiste en que la falta de acción y la prolongada detención sin una resolución constituyen una violación de sus derechos.