El Congreso de Veracruz ha retirado el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano. Este proceso se debe a investigaciones en curso: González Martínez está vinculado a la investigación por el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, mientras que Bravo Montero es señalado en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez.
La votación para el desafuero se llevó a cabo por separado, con 40 votos a favor y 8 en contra, respaldados mayormente por la bancada de Morena. Los votos en contra provinieron de miembros del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Con esta decisión, los alcaldes pierden su inmunidad procesal, permitiendo que la Fiscalía General del Estado continúe con las investigaciones y solicite medidas judiciales correspondientes. Sin embargo, es importante destacar que el desafuero no implica una condena ni una orden de aprehensión automática.
Bertín Bravo Montero se presentó en el Congreso para defenderse antes de la votación, insistiendo en su inocencia y decreciendo que no es un delincuente. Aunque manifestó su intención de regresar para conocer el resultado, no lo hizo tras la aprobación de su desafuero. Por otro lado, Raúl González Martínez no asistió a la sesión, y sus abogados argumentaron que no existen pruebas contundentes en su contra.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Esteban Bautista Hernández, comunicó que los suplentes de ambos municipios serían nombrados de inmediato y aclaró que la función del Congreso no es juzgar, sino analizar la pertinencia de retirar la inmunidad procesal de los funcionarios acusados.