La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, ubicada en Villa Guerrero, Jalisco, ha emitido un enérgico rechazo a las declaraciones del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien sugirió que el asesinato del representante agrario, Marcos Aguilar Rojas, era el resultado de disputas internas en la comunidad. En un comunicado fechado el 1 de diciembre, los representantes de la comunidad expresaron su profundo dolor por la pérdida de Aguilar Rojas, a quien consideran un defensor honesto y comprometido del territorio.
Subrayaron que la afirmación del fiscal es falsa y constituye un intento de minimizar el asesinato, encasillándolo en "problemas entre vecinos". La comunidad sostiene que el crimen, ocurrido el 26 de noviembre, es la culminación de una serie de agresiones relacionadas con conflictos por el territorio comunal. Señalaron que estas agresiones, incluidas invasiones y amenazas, han estado presentes durante décadas, y que el ataque no fue improvisado, sino un acto planificado por caciques y grupos armados.
El comunicado denuncia que las autoridades locales, estatales y judiciales han sido cómplices de estos ataques, contribuyendo a un clima de impunidad. La comunidad detalló que el día anterior al asesinato, se llevaron a cabo reuniones en las cuales se planeó tanto el despojo de tierras como la ejecución de Marcos Aguilar Rojas, mostrando con ello los lazos entre los agresores y las autoridades. Además, indicaron que esfuerzos para esclarecer el caso, como la recolección de pruebas, han sido obstaculizados por funcionarios.
La declaración de la comunidad se enmarca en un contexto más amplio de violencia y despojo que enfrentan muchos pueblos indígenas en México, y exige el reconocimiento y la atención de los pueblos y gobiernos a nivel mundial ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.