El paquete de reformas en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones presentado por la Presidencia de México ha generado críticas debido a las nuevas facultades que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al aparato militar. José Flores, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advierte que estas reformas crean un “superaparato de vigilancia” con escasa supervisión ciudadana.
Entre las medidas más preocupantes, se encuentra la capacidad de la Guardia Nacional para recolectar datos telefónicos sin la autorización de un juez, lo que podría facilitar abusos. Flores señala que esto se dio en el contexto de que algunas fiscalías ya habían solicitado información telefónica de opositores políticos. Además, menciona que la reforma permite a los integrantes de la Guardia Nacional pedir licencia para participar en elecciones y realizar operaciones encubiertas, lo que podría aumentar los riesgos de violaciones a derechos humanos.
Flores también destaca modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procesar y usar información con fines de inteligencia bajo una interpretación amplia de seguridad nacional, lo que, según él, legitima actividades de recolección de inteligencia que antes eran ilegales. Recuerda el uso del spyware Pegasus por parte de la Sedena, que se había realizado sin las facultades necesarias ni órdenes judiciales, y sugiere que con estos cambios legislativos, el Ejército ahora tiene un marco legal para llevar a cabo estas intervenciones.
En resumen, estas reformas representan un avance hacia un modelo de vigilancia estatal más concentrado en instituciones militares, generando preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos en México.