El operativo para asegurar el Refugio Franciscano en Cuajimalpa ha generado un fuerte impacto en la Ciudad de México, tanto por el número de animales involucrados como por las repercusiones políticas y sociales. Aproximadamente 936 animales fueron contabilizados, de los cuales cerca de 800 presentaban signos de maltrato, lo que nace de una intervención coordinada entre varias autoridades, incluida la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, utilizó la situación como plataforma política, asegurando que la operación era únicamente para rescatar a los animales y que no se entrometerían en la disputa legal sobre la propiedad de la ubicación del refugio. Esto, sin embargo, no minimizaría las preocupaciones surgidas sobre el futuro de los animales acogidos tras su retiro.
Las acciones de rescate no estuvieron exentas de controversia, ya que la reubicación de los perros desató críticas de activistas que exigieron mayor transparencia y claridad sobre las condiciones en las que se encontraban los animales en los nuevos albergues designados. La situación sigue generando un intenso debate sobre el bienestar animal y la gestión de las autoridades en situaciones de rescatación animal.