El proceso de integración de las listas de candidatos para el poder judicial en México ha suscitado preocupaciones debido a incumplimientos en los plazos establecidos y la aparición de irregularidades en las listas de aspirantes. Según se informa, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), responsable de la revisión de perfiles, no cumplió con la fecha límite constitucional que era el 15 de diciembre, ya que los nombres definitivos fueron publicados recién en la medianoche del 16 de diciembre.
El CEPL, compuesto por varios miembros, ha enfrentado críticas por diversos errores en las listas, incluidos duplicados de nombres en diferentes ordenamientos, lo cual pone en tela de juicio la rigurosidad del proceso. Asimismo, se ha dado a conocer un listado adicional con miles de aspirantes que sobrepasa el número previamente anunciado, lo que ha generado confusiones y sospechas sobre la gestión del comité.
Por otro lado, aspirantes como Haggi de Jesús Tlahuisca Hernández han expresado su descontento en redes sociales, señalando que aparecieron en la lista de elegibles sin haber proporcionado toda la información necesaria, lo que agrava las dudas sobre la transparencia y efectividad del proceso de selección. Todo esto ocurre en el contexto de la próxima elección de ministros, magistrados y jueces, prevista para el 1 de junio de 2025, lo cual enfatiza la importancia de un proceso claro y bien organizado.