La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha generado controversia al blindar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y al exministro Arturo Zaldívar de investigaciones relacionadas con denuncias en su contra. Esquivel Mossa enfrenta una acusación por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, mientras que Zaldívar fue denunciado por presuntamente dirigir una red de tráfico de influencias durante su tiempo al frente del Poder Judicial de la Federación.
En una resolución emitida el 3 de marzo, el Pleno de la Corte, de manera unánime, decidió que el Acuerdo General Plenario 9/2005, que permitía investigar a los ministros por posibles responsabilidades administrativas, ya no está vigente. Esto implica que las quejas y denuncias que involucren a ministros en funciones o en retiro deben ser desechadas por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, un cambio que se vincula con la reforma judicial que se implementó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, autor del proyecto, resaltó que la ley brinda fuero a los miembros del Pleno, protegiéndolos de acusaciones tanto políticas como penales, pero no aborda directamente las responsabilidades administrativas. Esta interpretación significa que si bien hay fuertes protecciones para los ministros, por el momento no existe un mecanismo claro para manejar alegaciones de mala conducta administrativa.
Además, la presidenta de la Corte, Norma Piña, también está protegida por esta resolución tras ser denunciada por Zaldívar por su presunta interferencia en cuestiones electorales. El contexto sugiere que estas decisiones podrían influir en la percepción pública sobre la rendición de cuentas dentro del alto tribunal.