La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México marca un hito significativo en la discusión sobre los derechos reproductivos. La Corte invalidó una parte del Código Penal de Zacatecas que penalizaba el aborto forzado, destacando la ambigüedad en la redacción que podría afectar el tratamiento de las mujeres y personas gestantes como víctimas de este delito.
Al anular la frase "con o sin el consentimiento de la víctima", los magistrados subrayaron que esta formulación creaba confusión sobre quién sería considerado víctima en estas circunstancias. Tal confusión podría resultar en que las mujeres o personas gestantes fueran vistas como copartícipes en el delito, lo que contradice el derecho fundamental a decidir sobre su propio cuerpo y embarazo.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, encargada de presentar el proyecto, y otros ministros coincidieron en que la legislación debe proteger el derecho a decidir sin coerciones, subrayando que el aborto forzado es un tema abordado a nivel internacional en defensa de los derechos humanos. La Corte se pronunció de manera unánime, lo que refuerza la importancia de la decisión y su implicación en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres en México.