El ministro presidente Aguilar Ortiz ha expresado su preocupación por el reiterado incumplimiento en el pago de pensiones a trabajadores del estado de Morelos, señalando que este es un problema estructural que se agrava por la falta de recursos y el marco legal vigente. Durante una sesión del Pleno, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado un decreto que permitía cubrir pensiones con presupuesto del Poder Judicial sin la debida transferencia de recursos.
Este incumplimiento ha llevado a más de 550 controversias constitucionales relacionadas con el tema, muchas de las cuales siguen sin resolver. El ministro destacó que, al inicio de su mandato, había cerca de 220 asuntos pendientes, de los cuales se han solucionado alrededor de 100.
El problema radica en la Ley del Servicio Civil de Morelos, la cual otorga funciones al Congreso del Estado similares a las de un organismo de seguridad social, lo que ha generado un patrón recurrente: los trabajadores obtienen una pensión a través de un juicio de amparo, pero los pagos nunca se realizan, elevando la situación a controversias constitucionales. Esto convierte a la Suprema Corte en un “gestor del recurso” necesario para que se cumplan los pagos.
Aguilar Ortiz recordó que entre 2008 y 2010, la Corte determinó la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de esta ley, pero las normas siguen en vigor al no haber efectos generales en esas resoluciones. Ante esta complicada situación, el ministro presidente sugirió analizar la posibilidad de establecer directrices que permitan al estado abordar de manera eficaz esta problemática y evitar su judicialización continua, advertiendo que 550 controversias son una cifra considerable y que la tendencia probablemente continuará.