La reciente autorización por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum para la construcción de plantas de cogeneración a gas natural por parte de la productora de harinas Minsa ha generado críticas, especialmente en el contexto de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba disminuir el favoritismo hacia empresas privadas en el sector eléctrico.
Minsa, que es asesorada económicamente por Altagracia Gómez Sierra, comenzó el proceso para obtener permisos desde febrero de 2025, inicialmente solicitando construir una planta en Jáltipan, Veracruz, ante la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE). Tras la reforma que eliminó la CRE, las competencias fueron trasladadas a la Comisión Nacional de Energía (CNE), donde Minsa presentó nuevas solicitudes para otras plantas en Jalisco, Coahuila y Sinaloa el 9 de septiembre de 2025.
Los documentos de la CNE indican que se han aprobado permisos para que Minsa genere energía eléctrica bajo la figura de autoconsumo, lo que implica que la energía generada será principalmente para su propio uso y no se destinará al mercado energético en general. Las fechas de inicio de operaciones para las plantas varían, con la mayoría programadas para entrar en funcionamiento entre enero y febrero de 2026.
Esta acción ha suscitado debate sobre la dirección de la política energética en México y la posible contradicción entre los objetivos de la administración actual y las decisiones tomadas en este contexto.