La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su postura a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa de manera automática para ciertos delitos, en el contexto de la creciente inseguridad en el país. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fundamentó su opinión en el artículo 19 de la Constitución, que establece un catálogo de delitos por los cuales los procesados deben enfrentar su juicio en prisión. Este catálogo, que inicialmente contemplaba delitos graves como extorsión y homicidio, fue ampliado en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para incluir delitos de corrupción y fiscales.
Sheinbaum sostuvo que, ante la situación de violencia relacionada con la delincuencia organizada, es crucial que los jueces tengan una directriz clara al manejar estos casos. Argumentó que esto no solo protege a la sociedad, sino también a los propios jueces, quienes podrían estar en riesgo si tienen que decidir sobre la libertad de personas acusadas de delitos graves.
Esta discusión surge en el contexto de un proyecto de resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat, que propone modificar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para permitir que los jueces analicen cada caso de manera individual. Este enfoque es respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que la aplicación automática de esta medida en México no se alinea con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ignora las particularidades de cada caso.
La postura de Sheinbaum evidenció una clara preocupación por la seguridad pública y resaltó el debate en curso sobre derechos humanos y la administración de justicia en el país.