El gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado un decreto para fortalecer la transparencia en todas las instituciones del Gobierno de México, con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública. Este decreto busca limitar la discrecionalidad de los servidores públicos en la toma de decisiones sobre qué información se hace pública, estableciendo directrices claras sobre la transparencias de contratos y actividades gubernamentales.
Entre los principales aspectos destacados por Sheinbaum se encuentra el compromiso de publicar todos los contratos públicos mensualmente y de ofrecer información más detallada sobre las operaciones de empresas estatales como Pemex y CFE. Además, se deberán hacer públicas auditorías y fiscalizaciones para asegurar un seguimiento más riguroso de los recursos asignados.
El decreto se alinea con lo que estipula el artículo 6 de la Constitución, que promueve la máxima publicidad en la información pública, limitando que esta solo pueda ser reservada por razones específicas como la seguridad nacional o el interés público. Asimismo, se hace un llamado a otros niveles de gobierno y poderes para unirse a estos esfuerzos de transparencia.