La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa no implica un régimen de excepción, enfatizando que ciertos delitos, estipulados en el artículo 19 de la Constitución, requieren que, si el Ministerio Público presenta suficientes pruebas, un juez puede emitir una orden de aprehensión que obligue al presunto delincuente a cumplir su condena en prisión.
Sheinbaum aclaró que esto no significa que una persona pueda ser detenida arbitrariamente; es necesario que existan pruebas que respalden la acusación ante el juez. La decisión de si una persona enfrenta su juicio en libertad o en prisión recae en el juez, aunque para ciertos delitos se considera que no debería ser una decisión discrecional del juez debido a la gravedad de la situación de seguridad en el país.
La mandataria también defendió a los jueces, argumentando que ellos enfrentan riesgos al manejar casos de delincuencia organizada, y sostuvo que para delitos como la extorsión, la prisión preventiva debería ser obligatoria.