que cualquier intento de suspender o interferir en el proceso electoral de selección de jueces, magistrados y ministros sería considerado inconstitucional, ya que esto podría vulnerar la independencia del Poder Judicial y el respeto al debido proceso electoral.
La resolución subraya la importancia de llevar a cabo este ejercicio democrático de manera fluida, subrayando que cualquier acción que busque entorpecer el cumplimiento de estas obligaciones estaría en contra del marco legal establecido.
De esta manera, el Tribunal Electoral reafirma su postura de que el proceso electoral extraordinario debe avanzar sin obstáculos, garantizando que se cumplan las etapas correspondientes según lo estipulado por la Constitución. Esta decisión es significativa no solo para el INE y el Poder Judicial, sino también para mantener el equilibrio entre los diferentes poderes del estado y la integridad del sistema democrático en México.