El Congreso de Quintana Roo ha tomado medidas más severas para abordar los delitos de homicidio y lesiones perpetrados por operadores del servicio de transporte público, en respuesta a un aumento de agresiones, especialmente entre los taxistas y los conductores de servicios de transporte privado como Uber, en áreas turísticas como Cancún y la Riviera Maya. La gobernadora Mara Lezama Espinosa propuso esta reforma, la cual entró en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del estado.
Los ataques, en los que han estado involucrados taxistas de sindicatos locales, han afectado no solo a los conductores de Uber, sino también a turistas, quienes han sido objeto de insultos y ataques, llegando incluso a situaciones que podrían considerarse intentos de homicidio. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades para regular la situación, la violencia ha persistido y se ha intensificado en los últimos meses.
La reforma al Código Penal de Quintana Roo y a la Ley de Movilidad estatal, presentada por la gobernadora y aprobada recientemente, establece que las penas por homicidio y lesiones se incrementarán en un 50% si estos delitos se cometieron durante el ejercicio del servicio de transporte público. Esto refleja la preocupación del gobierno estatal por la seguridad tanto de los ciudadanos como de los turistas que visitan la región.