La situación en Querétaro relacionada con el caso de los perros rescatistas Athos y Tango ha suscitado una gran preocupación entre las organizaciones animalistas y la comunidad en general. La propuesta del Tribunal de Querétaro de reducir la condena de 10 a 4 años para el responsable del envenenamiento de estos perros emblemáticos plantea serias inquietudes sobre el estado de la protección animal en el país.
Athos, un border collie certificado para labores de búsqueda, y Tango, un Yorkshire terrier que actuaba como perro de asistencia emocional, desempeñaban roles fundamentales en el equipo USAR (Urban Search and Rescue) y habían participado en diversas operaciones de auxilio. Su muerte ha sido considerada un acto atroz, dado su impresionante legado de servicio y apoyo a la comunidad.
El envenenamiento ocurrió cuando, según la investigación, el acusado distribuyó alimentos contaminados con una sustancia tóxica en la vía pública, utilizando información sobre los horarios de los perros para llevar a cabo su acción malintencionada. Este caso no solo ha generado un clamor de justicia para Athos y Tango, sino que también establece un precedente en la legislación relacionada con el bienestar animal en México.
Las organizaciones animalistas están pidiendo a la Suprema Corte que tome este caso para garantizar un juicio justo y una sentencia que refleje la gravedad del asesinato de estos perros que, más allá de ser animales, fueron compañeros y herramientas en misiones de ayuda humanitaria. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en cómo se maneja la protección de los animales en el país, ya sea avanzando hacia una legislación más robusta o, por el contrario, retrocediendo en la protección de sus derechos.