El 5 de septiembre de 2024, en la alcaldía de Xochimilco, ocurrió un evento de represión policíaca en el que varios ciudadanos, miembros de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, fueron víctimas de agresiones mientras protestaban contra el gobierno de Clara Brugada. Estas manifestaciones se originaron como respuesta a un proyecto hídrico que los habitantes consideraban impuesto sin consulta previa.
Durante la presentación de la recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), se documentaron las agresiones sufridas y se identificaron 29 víctimas que vieron violentados sus derechos a la protesta y a la seguridad. En total, se registraron lesiones físicas y psicológicas en 27 de estas personas.
Hortensia Telésforo Jiménez, una de las manifestantes, relató cómo los acercamientos con las autoridades han estado marcados por la violencia y engaños. A pesar de haber logrado ciertos acuerdos con el gobierno anterior, las autoridades actuaron en contra de los protestantes, iniciando carpetas de investigación por delitos como despojo, lo que llevó a nuevas movilizaciones.
Durante la protesta del 5 de septiembre, un grupo de choque agredió a los manifestantes con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes no intervinieron, lo cual incrementó la tensión y la represión. Los afectados exigieron el cierre de las investigaciones en su contra y señalaron que el gobierno está protegiendo a exfuncionarios implicados en estos abusos.