La situación en Puebla ha generado inquietud en torno a la relación entre el gobierno estatal y los medios de comunicación, especialmente con el portal e-Consulta. Este medio de comunicación ha sido objeto de diversas acciones por parte de las autoridades, lo que pone de relieve la fragilidad de la libertad de prensa en la región.
Luego de que se denunciara que el gobierno de Alejandro Armenta estaba obligando a sus trabajadores a utilizar redes sociales para alabarlo públicamente, la Fiscalía General del Estado reactivó una denuncia previa contra Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta, lo que ha sido interpretado por el periodista como un intento de acoso y represión contra el portal, que se ha mantenido como una voz crítica en la región.
La historia de hostigamiento hacia e-Consulta se remonta a gobiernos anteriores, incluyendo el de Rafael Moreno Valle, donde el medio estuvo sujeto a un veto publicitario, y bajo Miguel Barbosa, cuando se presentaron numerosas denuncias en su contra. Esta continuidad de ataques sugiere un patrón preocupante de hostilidad hacia la prensa independiente en Puebla.
Además, la investigación sobre un supuesto lavado de dinero relacionada con la empresa del director de e-Consulta se ha convertido en un elemento adicional de presión, que Ruiz sostiene fue motivada por un intento de intimidación por parte del fallecido Barbosa.
A pesar de la desactivación de la plataforma Nódica, que aparentemente recopilaba información sobre la actividad de los empleados del gobierno en redes sociales, los informes indican que las presiones continúan a través de otros canales, como grupos de WhatsApp, lo que resalta un clima de temor y control que podría limitar la libre expresión en el ámbito público. Esto, sumado al asesinato del desarrollador de Nódica, agrega una grave dimensión de riesgo a la libertad de prensa en el estado.
En resumen, la situación actual en Puebla refleja la tensión entre el gobierno y los medios, con implicaciones significativas para la libertad de expresión y la democracia.