El caso de Manuel Emilio Hoyos Díaz, exdirector de Policía Municipal de Hermosillo, ha levantado serias preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública. Su arresto, relacionado con "presuntos delitos vinculados a violaciones de Derechos Humanos", refleja un problema sistémico en las prácticas policiales en la región.
La situación se deriva de denuncias realizadas por ciudadanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a finales de mayo, donde se alegó que policías municipales estaban involucrados en la "detención" y traslado ilícito de personas de plazas públicas a áreas distantes, como el sur de Sonora, específicamente Navojoa. Este tipo de operativo se ha caracterizado por su falta de consentimiento y la posterior deslocalización de ciudadanos.
Uno de los casos más alarmantes es el de la desaparición de Teresa Ramírez Enríquez, una mujer de 60 años que, según sus familiares, fue víctima de estas acciones policiales. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que añade una capa de incertidumbre y urgencia para las autoridades en la resolución de estos incidentes.
La fiscalía estatal ha llegado a emitir múltiples órdenes de aprehensión, totalizando ocho elementos de la corporación policial judicializados hasta el momento. La implicación de Hoyos Díaz, quien trabajó con el alcalde Antonio Astiazarán desde 2021, sugiere que este problema podría estar arraigado en una cultura institucional que permite tal conducta.
El Ayuntamiento ha emitido un comunicado donde expresa su disposición a colaborar con las investigaciones de la fiscalía, pero la situación pone de manifiesto la necesidad de supervisar y reformar las prácticas policiales para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.