Bernardo Soriano Castro fue asesinado en La Paz, Baja California Sur, el 25 de febrero, solo nueve días después de haber sido destituido como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales. Su destitución se produjo tras sus declaraciones sobre su experiencia en la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, donde había trabajado durante siete años y había coordinado varios operativos, logrando una disminución en la tasa de homicidios que había aumentado desde 2017.
Después de ser destituido, Soriano había alertado sobre supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno estatal y el crimen organizado, y aunque sus declaraciones no fueron oficialmente respaldadas por el gobierno estatal, él insistió en que no tenía conexiones con la delincuencia organizada y que no renunciaría a su cargo.
Su figura había estado en el centro de polémicas, especialmente después de que aparecieron mantas en La Paz que lo vinculaban con actividades criminales. A pesar de esto, durante su gestión se reportaron tasas de homicidio relativamente bajas, aunque estas comenzaron a aumentar justo antes de su salida.
Tras su destitución, la administración estatal continuó haciendo alarde de los logros en materia de seguridad durante el tiempo de Soriano, aunque posteriormente la situación se deterioró en comparación a sus cifras. La declaración del secretario de Gobierno de BCS, Saúl González, sobre que “los cambios son buenos” dejó entrever una posible falta de continuidad en políticas exitosas que él había implementado.