La recentísima aprobación de una nueva Ley que disolverá la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) en Sinaloa ha generado preocupaciones significativas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Marlene León Fontes, directora de la asociación civil Iniciativa Sinaloa, expresó su descontento con el proceso acelerado en el que se tramitó la ley, señalando la falta de participación ciudadana y diálogo con las organizaciones civiles.
Según León, el hecho de que la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya fuera presentada y aprobada en el mismo día, sin la debida socialización ni consultación con la sociedad civil, indica un patrón de opacidad y falta de apertura por parte del gobierno y del Congreso estatal. La asociación y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción habían intentado presentar una alternativa a la eliminación de la CEAIP, pero sus esfuerzos no fueron considerados en el proceso legislativo.
El cambio ha suscitado temores sobre un posible incremento en la discrecionalidad en la gestión pública y un debilitamiento del acceso a la información que, históricamente, ha sido fundamental para la transparencia en las instituciones gubernamentales. La falta de diálogo y la rápida tramitación de la ley reflejan una preocupante tendencia hacia la restricción del acceso a la información pública en Sinaloa, según los críticos de esta decisión.