El rechazo de organizaciones ambientalistas ante la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de aprobar la fracturación hidráulica para la extracción de gas en el noreste de México refleja una preocupación creciente sobre el impacto ambiental y social de esta práctica. A pesar de que se argumenta sobre el uso de nuevas tecnologías que minimizarían el daño, las organizaciones sostienen que no hay evidencia sólida de su efectividad y destacan la falta de inclusión de voces expertas y comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones.
El hecho de que la exploración se realice en regiones con problemas de escasez de agua y conflicto social es particularmente alarmante para las organizaciones, que ven esta decisión como una traición a los compromisos de campaña de Sheinbaum. La preocupación se centra también en los efectos a largo plazo del fracking, incluyendo la contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, y el potencial de generar sismos inducidos.
Las organizaciones enfatizan que el fracking no debe ser tratado solo como un asunto técnico, sino que está profundamente entrelazado con cuestiones de derechos humanos, justicia social y sostenibilidad ambiental. A medida que se plantea la creación de fideicomisos para financiar esta actividad, el costo social de poner en riesgo a millones de personas ya es motivo de gran inquietud. Este escenario plantea un dilema sobre el equilibrio entre la búsqueda de fuentes de energía y la salvaguarda de recursos y derechos fundamentales.