La reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional por parte de los legisladores de Morena y sus aliados ha generado un intenso debate en torno a la militarización de la seguridad pública en México. Esta reforma, que fue discutida durante 10 horas y aprobada con 349 votos a favor y 132 en contra, reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional con personal militar, que dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la inclusión de una "licencia especial" que permite al personal de la Guardia Nacional asumir cargos de elección popular o desempeñar actividades civiles en diferentes niveles de gobierno, siempre que se separen temporalmente de sus funciones de seguridad pública. Además, se le otorgan atribuciones a la Guardia Nacional para realizar tareas de investigación e inteligencia, incluyendo operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas, lo cual ha suscitado críticas sobre posibles violaciones a los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.
El debate también incluyó una moción suspensiva presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien argumentó que la reforma no es simplemente un cambio administrativo, sino un paso significativo hacia la militarización de la seguridad en el país. Sin embargo, la moción fue desechada en una votación económica.
La minuta ahora será enviada al Senado de la República para su discusión en comisiones y eventualmente en el Pleno, donde se espera que continúen las críticas y el análisis de sus implicaciones para la seguridad y la vida pública en México.