El multihomicidio de la colonia Narvarte, que ocurrió hace 10 años, ha dejado una herida profunda en la sociedad mexicana y continúa siendo uno de los casos más emblemáticos de impunidad y fallos en el sistema de justicia. En el ataque, cinco personas perdieron la vida en circunstancias brutales, lo que generó una ola de indignación a nivel nacional e internacional.
Las víctimas, entre las que se encontraban activistas, un fotoperiodista y trabajadoras del hogar, fueron asesinadas en un departamento en una zona que se consideraba segura. La forma en que se llevaron a cabo los asesinatos, con golpes, torturas y el uso de un arma con silenciador, refleja la gravedad y la premeditación del crimen.
A pesar de la detención de los tres autores materiales, la investigación ha estado llena de inconsistencias y ha quedado lejos de esclarecer el caso por completo. Las familias de las víctimas han denunciado la falta de avance en la identificación y captura de posibles cómplices y autores intelectuales, así como la ineficacia y la negligencia de las autoridades a lo largo de la última década. La existencia de una red de comunicaciones entre varios individuos señalados antes, durante y después del asesinato sugiere que el caso es mucho más complejo y que podrían haber funcionarios involucrados que entorpecieron la investigación.
Además, el hecho de que las familias de las víctimas hayan enfrentado estigmatización y revictimización por parte de las autoridades resalta un problema más amplio en la forma en que el sistema judicial y social maneja los casos de violencia, especialmente cuando las víctimas son personas que no pertenecen a grupos privilegiados.
A diez años de este terrible suceso, la demanda de justicia por parte de los deudos continúa siendo crucial, no solo para honrar la memoria de las víctimas, sino también para presionar a las autoridades a que cumplan con su deber de investigar a fondo y sancionar a todos los responsables del crimen. La sociedad civil sigue exigiendo respuestas y un compromiso real por parte de las instituciones para garantizar que casos como el de la colonia Narvarte no queden en la impunidad.